Como cada 24 de marzo, Argentina recuerda la dictadura cívico-militar que dejó una huella en la historia y que forma parte de la identidad de todos los argentinos. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una fecha que debe ser llevada a las aulas, para ser pensada, revisada y recuperada a los fines de la construcción y ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida.
Daniel Moreno, profesor de las asignaturas “Antropología Social y Cultura”, “Ciudadanía y Participación” y “Ciudadanía y Política” volcó en un texto algunas de las ideas que sirven como herramientas para reflexionar sobre la relevancia de la fecha.
Esta fecha me hace pensar en uno de los tres pilares que le dan nombre: Justicia.
Empiezo por considerar a la memoria, a grandes rasgos, como la incorporación y resignificación de ciertos recuerdos, experiencias y traumas que fundan la mentalidad de las personas y las sociedades, y que se acomodan a cierto discurso que tienda a ser verdadero. Verdadero en el sentido en que dichas experiencias se integran a la vida cotidiana y se prenden a los cuerpos configurándolos de nuevas formas. Por eso, aquello que se experimenta como sensación pasada, y que vuelve una y otra vez como un reflejo, es verdadero en tanto regrese.
En ese sentido, los actos de disciplina social, de exterminio, de ilegalidad y terrorismo están muy lejos de ser mentira. La dictadura nos ha dejado tantas verdades de este tipo, que contarlas sería un ejercicio muy largo para este breve espacio.
¿Qué herramientas tenemos como sociedad que nos sirva para asentar como verdadera a nuestra memoria? En nuestra sociedad tenemos dos grandes formas de construir discursos verdaderos: la ciencia y la justicia. Sobre este segundo me gustaría ahondar en varios aspectos.
Si bien nunca perfecta –aunque perfectible— el ejercicio de la justicia es la mejor de las herramientas que tenemos para verificar que las experiencias del pasado reciente nacional son verdaderas.
Un proceso judicial, como investigación, como recabación de datos e información, de testimonios de víctimas, cómplices y perpetradores, reconstruye la trama de aquello que realmente sucedió. Asigna a cada quien un castigo relativo a las culpas y responsabilidades que haya tenido en los actos delictivos. Pone a disposición de la sociedad una narración lo más objetiva posible sobre aquello que no debe quedar en la posibilidad de ser discutido: que fueron el Estado y sus agentes, utilizando las estructuras que habían usurpado con el Golpe de Estado –o con estructuras paralelas previo al 24 de marzo de 1976— los que deliberadamente atacaron al pueblo de la Nación Argentina.
Fue el Estado el que accionó contra aquellos a los cuales debe proteger.
Fue el Estado quien entró en la grotesca paradoja de “luchar por la democracia, la república y el imperio de las leyes”, utilizando métodos y herramientas que atentaban directamente contra la democracia, la república y el imperio de las leyes.
Pasado el periodo dictatorial y con diversos antecedentes (los Juicios a las Juntas, los escraches durante la década de los 90, los juicios por apropiación de menores), la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final da lugar a la reanudación de los procesos judiciales en contra de los responsables de crímenes de Lesa Humanidad y el Terrorismo de Estado. Se vuelve a poner de pie a la Justicia como la mejor herramienta con la que cuenta una sociedad para asentar sus verdades.
Los juicios se dan con todas las garantías constitucionales, de debido proceso, de “inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.
Es el Estado –otrora terrorista— el que pone en el marco de la legalidad dichos juicios. La reconstrucción de los hechos, el resarcimiento a las víctimas y la penalización a los victimarios, ponen en claro a través de los fallos judiciales el rol de cada uno de los imputados y el Estado como organizador de dichos actos.
Así se le dan entidad de verdad a esos sentires sociales que se incorporan a la memoria individual y colectiva. La justicia protege a nuestra historia de ser relativizada, menoscabada o negada.
Bajo la base de que la justicia –y esto es una verdad de perogrullo—es justa y real, podemos crecer como sociedad sabiendo que no circulan impunemente entre nosotros los ladrones, asesinos, secuestradores, torturadores y comerciantes del porvenir nacional, que desde el Estado –el garante y protector de la seguridad de sus habitantes— destruyeron un ser nacional y cuya secuelas podemos seguir rastreando hasta el día de hoy.
La justicia, finalmente, significa para esta triada, la posibilidad de cerrar las heridas de un pasado traumático, para poder así construir una propuesta superadora de sociedad. Por eso es importante rescatar que jamás dicho proceso puede darse en los márgenes de la democracia, de la república, y la división de poderes, y de la soberanía del Pueblo.
A la democracia se la mejora con más democracia.
