Apenas comenzaba el día 24 de marzo de 1976. La Presidenta de la Nación María Estela Martínez abordaba el helicóptero que debía trasladarla desde la Casa de Gobierno a la Residencia Presidencial en Olivos. Sin embargo, aduciendo un desperfecto técnico, el piloto se dirigió al Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires. Allí tres militares de alto rango, representando a cada una de las fuerzas, le comunicaron que había sido destituida y que las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del gobierno.
El golpe Cívico-Militar, puesto que entre sus principales impulsores estaban los sectores concentrados de la Economía, habría paso a la Dictadura más feroz de la historia nacional.
Inscripta en la Guerra Fría, la Dictadura consideró “subversivo”, concepto amplio que incluía a militantes de organizaciones armadas, pero también a estudiantes y trabajadores, es decir a todo aquel que se opusiera a sus objetivos. ¿Cuáles eran? El Periodista Jacobo Timerman (1981)[1], secuestrado en 1977 reproduce un diálogo con el General Camps, jefe de la Policía Federal: “Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones. Todos… unos veinte mil. Además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan acordarse de sus nombres”.
Así el terrorismo produjo un hiato que obstaculiza el desprendimiento del pasado del presente. La desaparición forzada de personas es un crimen concebido para perdurar en el tiempo, un daño que sigue perpetrándose en familiares y allegados del desaparecido. Al no suceder el paso entre la vida y la muerte, no puede darse un corte entre el pasado y el presente, ergo, el terror permanece.[2]
Treinta mil detenidos-desaparecidos y quinientos niños nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente por miembros y allegados al gobierno dictatorial son el resultado de un plan sistemático de exterminio de toda oposición. Pero, además, incluía la afirmación de un orden socio-económico que sumergía en la pobreza a millones de personas; así lo expresaba Rodolfo Walsh en la carta enviada a la Junta Militar un día antes de su secuestro y desaparición: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Cuarenta y cinco años han transcurrido del inicio del Gobierno Militar que utilizó los mecanismos del Estado para sembrar el terror y llevar adelante el Genocidio. Algunos de los males actuales, como la violencia institucional que, en algunos casos, se dan en las fuerzas de seguridad o la miseria planificada, a la que se refiere Walsh, encuentran su explicación en esta historia reciente.
De allí que una perspectiva que piense la educación desde la pedagogía de la memoria, debe tener como objetivo que los estudiantes encuentren en el pasado explicaciones a realidades actuales y que, a partir de sus experiencias, puedan proyectar el futuro que quieren ayudar a construir[3], en el que la igualdad de derechos, la equidad social, el fortalecimiento del sistema democrático y la convicción que el Estado NUNCA MÁS puede tomar la decisión arbitraria de avasallar los derechos y la vida de las personas, deben ser las bases fundamentales de una sociedad más justa.
[1] Timerman, J. (1981), El caso Camps, punto inicial, Random editores, Nueva York
[2] Levín, F. (2016), El problema del sentido en la historia argentina reciente. Apuntes teórico-metodológicos para el estudio de los procesos sociales de subjetivación en la experiencia del terrorismo de estado, Papeles de trabajo, 10 (17), pp. 148-160
[3] Pagés, J. (2007), La educación para la ciudadanía y la enseñanza de la Historia: cuando el futuro es la finalidad de la enseñanza del pasado, En Ávila, R. et.al, Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales ante el reto europeo y la globalización, AUPDSC, Bilbao, pp. 205-215
